El adelanto electoral frena cinco iniciativas que preocupaban a la Iglesia en España
08 de octubre 2026
Autor: Nicolás de Cárdenas
La convocatoria adelantada de elecciones generales en España, anunciada el lunes para el próximo 27 de noviembre, conlleva la disolución de decenas de iniciativas legales, entre las cuales se encuentran varias que eran vistas con preocupación por la Iglesia Católica.
Entre estos proyectos se encontraban iniciativas del Gobierno y propuestas de diferentes grupos parlamentarios, que se encontraban en diferentes fases del proceso legislativo.
Penalización de las llamadas “terapias de conversión”
Una de las iniciativas que se encontraba a punto de ser aprobada es la que pretendía la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, después de que en enero de 2025 el Gobierno iniciara una investigación contra varias diócesis españolas por este motivo.
La proposición de ley impulsada por el Partido Socialista Obrero Español se encontraba ya en su fase final de tramitación en el Senado, a la espera del debate de las últimas enmiendas. En ella se preveían penas de hasta 2 años de prisión.
La Iglesia Católica ha defendido la posibilidad de realizar un acompañamiento espiritual a quien de forma libre pida ayuda, rechazando tanto las llamadas “terapias de conversión” como las de reafirmación.
Blindar el aborto como un “derecho”
En abril de 2026 el Gobierno envió al Congreso un proyecto para blindar el aborto como un “derecho” de la mujer, reformando el artículo 43 de la Constitución Española, añadiendo un nuevo apartado: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias”.
Los obispos españoles habían advertido que “el aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana”.
Acortar plazos eutanasia
La lucha legal emprendida por el padre de Noelia Castillo, una joven con discapacidad y víctima de violación, según denunció su madre, comenzó después de que ella solicitara la eutanasia en abril de 2024. La petición finalmente fue ejecutada en marzo de 2026, tras un largo proceso judicial.
El Parlamento de Cataluña propuso que cualquier trámite legal o administrativo relativo a la eutanasia se acortase al plazo de un mes. En junio de 2026, esta propuesta fue tomada en consideración por el Congreso, pero se encontraba en una fase muy inicial de su tramitación.
Quitar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos
En enero de 2025, en PSOE registró una propuesta para eliminar el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos recogido en el artículo 525 del Código Penal y que castiga con multa a quien “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”.
Tanto católicos como cristianos de diversas denominaciones, judíos y musulmanes se opusieron a esta iniciativa en un comunicado conjunto.
Eliminar la asignatura de Religión en la escuela
Los grupos parlamentarios de SUMAR y Compromís registraron en marzo de 2026 una Proposición No de Ley (PNL) que pretendía expulsar del horario lectivo la asignatura de Religión, que debe ser de oferta obligatoria y elección optativa, según los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede.
La PNL fue registrada el 3 de marzo de 2026, pero no llegó a ser debatida ni votada en la Comisión de Educación del Congreso.
Otros asuntos pendientes
El fin de la legislatura con la convocatoria electoral también suma incertidumbre sobre algunos otros asuntos que afectan a la Iglesia Católica, en asunto de especial sensiblidad.
Por un lado, en noviembre de 2026 se debía proponer a las Cortes Generales la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, toda vez que el mandato de 5 años de Ángel Gabilondo expira en esa fecha.
Se trata de un puesto clave en las actuales relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica dado el acuerdo suscrito para la reparación de víctimas de abusos, cuyo protocolo de aplicación tiene vigencia hasta abril de 2027.
Asimismo, la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 determinó la necesidad de dotar al Valle de los Caídos de un nuevo marco jurídico y puso en marcha un polémico proceso de “resignificación” que ahora queda a expensas de la conformación del nuevo Ejecutivo.
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