¿Qué partidos prefieren los católicos ante las elecciones anticipadas en España?

El Partido Popular (PP) y Vox son las opciones de voto preferidas de los católicos en España, donde se acaban de convocar elecciones generales anticipadas para el 27 de noviembre de 2026.

Según los datos ofrecidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrecidos en la encuesta mensual correspondiente al mes de septiembre, el voto de los que se perciben como católicos practicantes se iría en un 35% al Partido Popular, mientras que un 14,2% optaría por Vox y un 11,7% por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Además, un 18,5% de estas personas, no habría decidido su voto aún.

Entre los católicos que se definen como “no practicantes”, el 23,1% secundaría la propuesta liderada por Alberto Núñez Feijóo, mientras que el 20,8% apostaría por la continuidad del líder socialista Pedro Sánchez. La opción por la formación abanderada por Santiago Abascal alcanzaría el 14,7%. También en este caso hay un grupo numeroso de indecisos que representan un 14,9%.

Por otro lado, alrededor de un tercio de los que se declaran agnósticos, indiferentes o ateos apuestan por el PSOE, mientras que su apoyo al PP y Vox oscila entre el 5 y el 10%.

Entre quienes se declaran creyentes de otra religión el apoyo mayoritario es para Vox, con el 22%, mientras que los socialistas recibirían el 17,4% de los sufragios y los populares, un 13,4%. El porcentaje de indecisos alcanza el 16,9%.

Esta misma encuesta reveló que, por primera vez, los ateos (17,1%) superan a los católicos practicantes (15,9%). Además, quienes se perciben como "católicos no practicantes" representan el 38,5% de los españoles. Los creyentes de otras religiones, el 3,2%, los agnósticos, el 12,2% y los indiferentes, un 11,3%.

El sistema electoral español

El régimen electoral español establece que en estas elecciones se elige a los miembros de las cámaras del Poder Legislativo (Congreso y Senado) mediante listas cerradas propuestas por los partidos políticos.

Según los resultados, el Rey propone a un candidato para que sea investido como presidente del Gobierno por los 350 diputados del Congreso. En la primera votación, necesita la mayoría absoluta (176 votos) y, en una segunda, bastaría con mayoría simple, con contar las abstenciones.

Posibles acuerdos de Gobierno

Según la mayoría de las encuestas publicadas en los últimos meses, el Partido Popular obtendría entre 129 y 150 escaños, mientras que el PSOE se sitúa en torno a los 100 diputados, por lo que ambas formaciones necesitarían de pactos con otras fuerzas políticas.

Según estos mismos sondeos, Vox obtendría entre 60 y 70 representantes en el Congreso que, sumados a los del PP, alcanzarían una mayoría suficiente para un gobierno de coalición.

Las expectativas sobre una mayoría absoluta para las agrupaciones de izquierda son aparentemente menos optimistas, si bien podría reeditar una mayoría de investidura en segunda vuelta, como ya ha sucedido, con un pacto de investidura con múltiples formaciones.

Por otro lado, a la izquierda del PSOE, las principales formaciones están agrupadas ahora bajo el nombre de SUMAR, pero aún están definiendo su estrategia electoral conjunta para esta convocatoria que se llamará Frente Amplio.

Una nación polarizada

La convocatoria electoral se producirá en una España que se ha polarizado con cada vez mayor intensidad a lo largo de las dos últimas legislaturas, una circunstancia que fue subrayada por Mons. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), durante la celebración de la última Asamblea Plenaria.

En el campo económico, el Gobierno no ha sido capaz de aprobar los presupuestos anuales desde el inicio de la legislatura, por lo que han sido prorrogados desde 2023. Además, España es en este momento, el peor país de la UE en pobreza infantil, pobreza relativa total y pobreza absoluta total. Dentro de la Eurozona, es el país donde ha subido más la presión fiscal.

Desde el punto de vista educativo, las nuevas generaciones salen menos preparadas, tal y como mostró el último Informe PISA que reveló una caída de 16 puntos en matemáticas y 23 en lectura en un lapso de tres años.

Un Gobierno cercado por la corrupción



La convocatoria electoral adelantada ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de “control de daños” para amortiguar el efecto de las múltiples causas de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a la familia del presidente Sánchez.

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, cargo designado por el Gobierno, fue condenado por un delito de revelación de datos reservados. Su hermano, David Sánchez, fue condenado por prevaricación administrativa, al haber sido contratado simulando un trabajo por un ente administrativo gestionado por el PSOE. Un jurado popular deberá decidir próximamente si Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, cometió tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Además, su primer secretario de Organización (segundo cargo más importante dentro del PSOE), José Luis Ábalos, fue condenado a más de 24 años de prisión por un caso de corrupción ligado a la venta de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

El sucesor de Ábalos, Santos Cerdán, está siendo e investigado por dos causas, una relativa a adjudicaciones ilegales de obra pública y la otra, al llamado “caso Cloacas”, donde se le acusa de liderar un grupo organizado destinado a actuar contra jueces y periodistas encargados de investigar presuntos casos de corrupción en el Gobierno o el partido.

Según ha declarado un miembro de un clan de narcotraficantes, esta trama les contactó para que “eliminaran” a la juez encargada de instruir el caso contra el hermano de Pedro Sánchez.

Asimismo, se investiga una posible financiación irregular del PSOE, una trama de venta irregular de hidrocarburos a través de una sociedad pública o el rescate fraudulento de dos aerolíneas.

Aunque no afecta directamente al Gobierno actual, Pedro Sánchez mantiene su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, imputados por tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.