Cinco años de la ley de eutanasia en España: un informe alerta de 12 efectos “destructivos” y propone cinco medidas para revertir la situación

Coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la asociación Profesionales por la Ética denuncia un incremento continuado de las eutanasias y reclama reforzar los cuidados paliativos y la protección de las personas más vulnerables

"La Iglesia recuerda que, incluso entre las ruinas, Dios nunca abandona a quienes sufren."

Este 25 de junio se cumplen cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España. En este tiempo, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, 1.668 personas han recibido la prestación de ayuda para morir. Con motivo de este aniversario, la asociación Profesionales por la Ética ha publicado un informe en el que analiza la evolución de la norma, advierte sobre lo que considera una "pendiente resbaladiza" en su aplicación y plantea cinco líneas de actuación para revertir sus efectos.  Según el informe, el número de eutanasias practicadas ha crecido de forma constante desde la entrada en vigor de la ley: 75 durante el segundo semestre de 2021, 288 en 2022, 334 en 2023, 426 en 2024 y 565 en 2025. La asociación sostiene que esta evolución refleja una progresiva consolidación de la eutanasia dentro del sistema sanitario español.  "Que cada vez más personas deseen en España una inyección letal debe ser un motivo de preocupación, no un motivo de alegría", sostiene el informe de Profesionales por la Ética.

Un balance crítico tras cinco años de aplicación

El documento identifica doce efectos que, a juicio de la asociación, han acompañado el desarrollo de la ley desde su entrada en vigor. Entre ellos destaca, en primer lugar, el crecimiento sostenido del número de eutanasias y la ampliación progresiva de los supuestos en los que puede autorizarse la prestación de ayuda para morir mediante interpretaciones cada vez más amplias del concepto de "padecimiento grave".  El informe también expresa preocupación por la posible reducción de garantías en los procedimientos de autorización, aludiendo a iniciativas parlamentarias orientadas a simplificar determinados trámites administrativos. Asimismo, critica que la eutanasia pueda presentarse en algunos casos vinculada a la donación de órganos o a otros argumentos que, según la asociación, podrían influir en la percepción social de esta práctica.

El impacto sobre la práctica médica

Los autores consideran que uno de los efectos más preocupantes es el cambio que, a su juicio, puede producirse en la relación tradicional entre médico y paciente. Según el informe, la normalización de la eutanasia podría afectar a la misión histórica de la medicina, orientada a prevenir, curar, aliviar y acompañar al enfermo. También advierte del riesgo de que disminuya el esfuerzo clínico en determinados casos complejos si la ayuda para morir termina percibiéndose como una alternativa más rápida o menos costosa.  Además, el documento señala una posible pérdida de confianza entre pacientes, profesionales sanitarios y familiares, así como un menor impulso a la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas y otros procesos crónicos altamente incapacitantes.

La preocupación por las personas más vulnerables

Otro de los aspectos sobre los que insiste Profesionales por la Ética es el impacto que la cultura de la eutanasia puede tener sobre personas mayores, dependientes o con enfermedades graves. El informe advierte de que algunos pacientes podrían llegar a experimentar presión social o familiar, sintiéndose una carga para quienes les rodean debido a criterios relacionados con la calidad de vida o los costes asistenciales. A ello añade una progresiva pérdida del valor social del cuidado, el acompañamiento y la atención a la fragilidad humana.  Los autores consideran que este cambio cultural favorece una visión cada vez más individualista del sufrimiento y debilita la solidaridad con quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Cinco propuestas para cambiar el rumbo

Junto al análisis crítico, el informe plantea cinco líneas de actuación para afrontar esta realidad. La primera de ellas consiste en desarrollar una cobertura nacional completa de cuidados paliativos, garantizando que todas las personas puedan acceder a equipos especializados tanto en hospitales como en sus propios domicilios, incluyendo unidades específicas de cuidados paliativos pediátricos.  La segunda medida propone reforzar el apoyo a personas vulnerables y a sus familias mediante recursos destinados a afrontar situaciones de dependencia, enfermedad mental, discapacidad o soledad no deseada, facilitando además programas de conciliación para quienes asumen tareas de cuidado.

Más transparencia y protección para los profesionales

Entre las propuestas también figura un mayor control sobre la información oficial relativa a las eutanasias practicadas, con el fin de garantizar —según la asociación— el cumplimiento estricto de los requisitos legales y evitar interpretaciones excesivamente amplias de la norma.  El informe reclama igualmente preservar la misión propia de la medicina y proteger el ejercicio efectivo de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en estos procedimientos, un derecho reconocido en la legislación vigente.

Una llamada a abrir el debate

Como última propuesta, Profesionales por la Ética plantea desarrollar un plan nacional de prevención de la eutanasia, inspirado en las estrategias existentes para la prevención del suicidio. La asociación considera que el aumento de las solicitudes de ayuda para morir debe interpretarse como un indicador que invita a reforzar las políticas de acompañamiento, atención psicológica, apoyo social y cuidados paliativos, en lugar de asumir el incremento de estos procedimientos como una evolución inevitable.

Un debate que sigue abierto

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el debate continúa ocupando un lugar destacado en la sociedad española. Mientras la ley establece un marco legal que reconoce la prestación de ayuda para morir bajo determinados requisitos y garantías, distintas organizaciones mantienen posiciones divergentes sobre sus efectos sociales, sanitarios y éticos.  El informe presentado por Profesionales por la Ética pretende contribuir a ese debate aportando una valoración crítica de estos primeros cinco años de aplicación y defendiendo un modelo centrado en el fortalecimiento de los cuidados paliativos, el acompañamiento integral y la protección de las personas más vulnerables.

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