El controvertido avance del vientre de alquiler en 2025 y la batalla global que marcará el 2026

La práctica del llamado “vientre de alquiler” —o gestación subrogada— ha seguido expandiéndose a lo largo del último año como un mercado en acelerada internacionalización y sostenido por profundas asimetrías económicas.

Sin embargo, el 2025 no sólo estuvo marcado por su crecimiento, sino también por una respuesta cada vez más firme desde organismos internacionales, parlamentos nacionales y la Santa Sede, que han denunciado la instrumentalización del cuerpo femenino y la mercantilización del niño. Esta doble dinámica anticipa un 2026 decisivo para quienes buscan su abolición universal.

“Abolir el vientre de alquiler es defender que ni la mujer es un medio ni el niño un producto.”

Un mercado global sostenido por desigualdades

En un balance ofrecido al finalizar el año, Bernard García Larraín, director ejecutivo de la Declaración de Casablanca —plataforma internacional que reclama la prohibición mundial del vientre de alquiler— señaló que la gestación subrogada debe entenderse como una industria transnacional. Según explicó, el fenómeno no puede analizarse como una práctica aislada, sino como un engranaje económico que tiene en un extremo la demanda de parejas o individuos con recursos y, en el otro, la oferta de mujeres jóvenes con escasas oportunidades económicas que recurren a esta vía por necesidad.

La expansión del negocio, según diversos análisis de mercado, se ha visto además sostenida por la acción coordinada de agencias privadas, clínicas de fertilidad y despachos jurídicos que regulan contratos y aseguran la circulación del dinero. Esta infraestructura comercial ha contribuido a normalizar un sistema en el que no sólo la gestación, sino también el niño, se someten a las lógicas del consumo, del intercambio transfronterizo y de la compraventa.

Con todo, el 2025 no se limitó a confirmar la penetración del negocio: también puso en escena la emergencia de un movimiento internacional decidido a confrontarlo desde la defensa de la dignidad humana, los derechos del niño y la protección de las mujeres más vulnerables.

Un año de señales políticas: ONU, gobiernos y testimonios públicos

Entre los hitos que marcaron un punto de inflexión, García Larraín subrayó especialmente el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer publicado en julio. En 26 páginas y 19 recomendaciones, la relatora Reem Alsalem analizó la maternidad subrogada como una práctica que compromete gravemente los derechos fundamentales tanto de las mujeres como de los niños, calificándola como una forma de violencia que debe ser abolida y sometida a un tratado internacional.

El impacto del documento residió no sólo en el contenido, sino también en la autoridad del organismo del que provino, al que suelen mirar gobiernos, cortes constitucionales y legisladores. A este gesto se sumó la reforma constitucional aprobada en Eslovaquia, donde se incorporó la prohibición expresa de la maternidad subrogada, un precedente sin equivalentes hasta la fecha en una carta constitucional.

El Parlamento Europeo volvió a pronunciarse contra esta práctica, alimentando un clima político emergente. Mientras tanto, figuras como Olivia Maurel —nacida por gestación subrogada y hoy activista internacional— ofrecieron un rostro humano y un relato testimonial a una causa que no siempre logra encontrar palabras en el debate público.

La Santa Sede se pronuncia: un respaldo moral y jurídico de alcance mundial

El 2025 también estuvo marcado por una declaración significativa del Papa León XIV durante su discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. El Pontífice denunció la gestación subrogada como una violación de derechos humanos fundamentales y la describió como un mercado indigno que reduce el cuerpo femenino a instrumento y al niño a objeto contractual.

Para García Larraín, estas palabras representan una continuidad clara con la línea marcada por el Papa Francisco, quien había exhortado previamente a la abolición universal de la práctica. El tono y el foro no pasaron inadvertidos: que el tema se planteara ante representantes diplomáticos de múltiples países confirma el carácter global del fenómeno y refuerza la necesidad de una acción coordinada en materia internacional.

Este respaldo moral de la Santa Sede, unido al creciente consenso jurídico en organismos multilaterales, ha fortalecido la argumentación de quienes reclaman que la dignidad de la mujer y del niño no debe estar sujeta a contratos, cláusulas ni compensaciones económicas.

Un 2026 decisivo: hacia un tratado internacional de abolición

Mirando hacia el 2026, el movimiento global anti-subrogación se prepara para un año de alta intensidad política. Según García Larraín, el objetivo estratégico es inequívoco: trabajar por un tratado internacional que prohíba la maternidad subrogada en el plano global. El año tendrá un valor simbólico añadido: se cumplirá el centenario de la Convención para la Abolición de la Esclavitud, lo que permite trazar un paralelismo con lo que algunos juristas, filósofos y legisladores describen como una nueva forma de esclavitud basada en la comercialización del cuerpo femenino y del niño.

Las denuncias no son menores. Entre los elementos más controvertidos se encuentran la fijación de precios para la gestación, la existencia de cláusulas contractuales sobre los niños, la posibilidad de abortos eugenésicos cuando el bebé no se ajusta a lo estipulado y el abandono de recién nacidos cuando los “contratantes” renuncian a ellos.

García Larraín señaló también como prioridad la necesidad de que Naciones Unidas constituya un grupo de trabajo internacional que estudie el informe de la relatora especial y comience a transformar las recomendaciones en agenda política concreta. De concretarse, este paso podría cambiar la correlación de fuerzas en el debate global.



Al cierre de su balance, el director de la Declaración de Casablanca se mostró esperanzado: la defensa de la dignidad humana tiene ya voz y referentes, y el 2026 podría marcar el inicio de una respuesta universal frente a esta práctica.